El proyecto intenta traer al siglo XXI a la ordenanza de Taxis de principio de la década del 80, actualizando la normativa en su conjunto.
Como eje principal añade a los vehículos eléctricos como una categoría independiente, promoviendo su uso mediante exenciones impositivas, líneas de crédito blandas, controles selectivos y baja de restricciones con respecto al uso de los vehículos.
También prevé la preferencia de contratación por parte del Estado de estos vehículos sustentables y la ampliación del tiempo de recambio de unidades.
Motiva este proyecto la necesidad de brindar herramientas útiles a los titulares de licencias de taxis para el recambio de vehículos por unidades amigables con el medio ambiente. Así como modernizar una normativa que no acompañó los cambios tecnológicos de estos últimos años.